martes, 2 de diciembre de 2014

La casta cinegética y la utilización política de la caza

















Hace escasas tres semanas, fue publicado un artículo denominado: “La casta y la caza. El neocaciquismo del siglo XXI” [1] en relación a la decisión del Gobierno del PP de permitir la caza en los Parques Nacionales [2]. En dicho artículo se planteaba la estrecha relación existente entre la actividad venatoria y los terratenientes, banqueros y grandes empresarios. Afortunadamente, la autora, Yayo Herrero, no utilizó la controversia para descalificar la actividad cinegética, sino para denunciar la impunidad con la que sujetos pertenecientes al poder económico con gusto por la caza utilizan su influencia política para hacer lo que les viene en gana por encima de los intereses generales del país y sus ciudadanos. De hecho, el texto acaba con una mención a Miguel Delibes, un referente incuestionable de la caza racional y social.

Desgraciadamente, no todas las voces del conservacionismo tienen la altura intelectual y capacidad crítica que atesora Yayo Herrero. Así, noticias en las que individuos corruptos que están saqueando el país son mostrados cazando o en actividad ostentosa con sus trofeos (véase Miguel Blesa, Arturo Fernández, Jaume Matas o Francisco Granados) [3,4,5], favorecen tanto las críticas destructivas hacia la caza como la proyección mediática de que la cinegética es una actividad practicada esencialmente por miserables. Esta visión reduccionista de la venatoria generada por su imagen televisiva (El Rey y su elefante, Blesa y sus trofeos) y reforzada por las críticas más viscerales de cierto sector animalista, aleja cada vez más a la ciudadanía de la realidad de un aprovechamiento natural que, bien practicado, implica grandes beneficios sociales y económicos.

Resultaría lógico pensar que ante tal deriva mediática de la percepción social de la caza, los supuestos portavoces o representantes de los cazadores habrían marcado un camino firme que permitiera al ciudadano comprender que la caza es algo más que negocios y trofeos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La reciente defensa de la caza en los Parques Nacionales por parte nuestros supuestos “representantes” demuestra que estos sujetos son capaces de denostar la imagen del conjunto de los cazadores en beneficio de los intereses y caprichos de unos pocos privilegiados [6]. Desde este blog hemos denunciado la tibieza con la que desde Federaciones y organismos cinegéticos han venido reaccionando a la supresión de los cotos sociales y terrenos libres [7]. Curiosamente, los mismos que callan ante estas situaciones que impiden cazar a miles de aficionados por su falta de poder adquisitivo, ahora ponen el grito en el cielo para defender que los grandes propietarios puedan cazar en sus fincas situadas en Parques Nacionales. Resulta más que paradójico que en nombre de la venatoria se defiendan los intereses particulares de individuos como Alberto Cortina, Alberto Alcocer, Alejandro Aznar… que en muchos casos tienen otras fincas para cazar, y en todos la capacidad económica para hacerlo en cualquier otro lugar. Para quien lo desconozca, la catalogación de Parque Nacional se utiliza con excepcionalidad para preservar ecosistemas emblemáticos [8]. Teóricamente, aunque exista un sinfín de excepciones, los aprovechamientos forestales están prohibidos en los Parques Nacionales. Así, en un lugar como Doñana no se pueden hacer cacerías de patos ni talar árboles con fines lucrativos. Esta atípica protección solo está asociada a este tipo de espacios catalogados (0,7% del territorio del Estado), ya que es sabido que tanto en Parques Naturales como en zonas Z.E.P.A. o L.I.C. la caza y el resto de aprovechamientos naturales son permitidos y considerados compatibles con la conservación de dichos espacios. Por tanto, dada la excepcionalidad de los Parques Nacionales, sumada a la tensión creada entre intereses particulares e intereses generales, lo más sensato por parte de los supuestos representantes de los cazadores hubiera sido no haber defendido la caza dentro de ellos. Dicha restricción habría resultado un asunto sin influencia real para la absoluta mayoría de los cazadores. Sin embargo, y una vez más, los intereses de cuatro propietarios han dilapidado la imagen social de centenares de miles de aficionados, permitiendo que el nombre de la caza sea de nuevo relacionado mediáticamente con los privilegios de la casta empresarial de este país.

Este tipo de situaciones no puede explicarse sin que a estos supuestos “representantes” de la caza les pesen más sus intereses particulares, ideológicos o partidistas, que los de los propios cazadores; y es que dentro de la caza tenemos nuestra propia casta. Son repetidas las ocasiones en las que tanto los intereses de los cazadores como la conservación de nuestros cotos son ninguneados, ya no por el Gobierno o sectores animalistas, sino por una casta de directivos y representantes anclada a las federaciones de cazadores y otros organismos cinegéticos que están llevando a la caza hacia su propio harakiri. A estos sujetos se les reconoce con facilidad ya que reproducen las conductas sociales más típicas de su estirpe: perpetuación en los cargos, mediocridad en la capacidad para desarrollar sus funciones, anteposición de intereses privados a los de la conservación y fomento de especies cinegéticas, actitud descaradamente partidista, etc. Al igual que en los partidos políticos, prefieren que su institución se vaya a pique con tal de no abandonar la poltrona, en lugar de echarse a un lado y facilitar que su organización sea una herramienta útil para la ciudadanía (los cazadores en nuestro caso). Se trata de personas afincadas en instituciones, que en connivencia con sus redes de afinidad, jamás abandonarán el cortijo. Estos señores son perros fieles de los gobernantes de su cuerda, y ya puede estar el campo ardiendo que como la mecha haya sido prendida por sus amos callarán y justificarán hasta la saciedad (paripés incluidos).

Desgraciadamente no nos inventamos nada, son hechos a la vista de todos. Cómo puede explicarse si no que un sector como el cinegético, con cientos de miles de aficionados, apenas vea cumplidas sus reivindicaciones. Muy sencillo, representantes vendidos y fieles a intereses particulares que permiten a los Gobiernos tener a los cazadores controlados mientras nuestros cotos son degradados en pro de beneficios privados. Y para muestra un botón, las asociaciones ecologistas con apenas unos miles de afiliados son capaces de desarrollar multitud de campañas con influencia tanto en Gobierno como en la ciudadanía; y no porque sus reivindicaciones sean más legítimas que las nuestras (en realidad nuestros intereses son mayoritariamente comunes), sino porque sus organizaciones son democráticas y sus objetivos se sitúan por encima de intereses particulares. No obstante, hay que resaltar que, al igual que en partidos políticos y sindicatos con altos grados de corrupción, existen multitud de personas trabajadoras y honestas que desde dentro de las Federaciones y otros organismos similares están haciendo una gran labor; aunque desde fuera cueste entender que aguanten y legitimen con su presencia tanto mamoneo.





Nuevos tiempos

El hecho de que los cazadores no tengamos organizaciones democráticas ni voces honorables que defiendan fielmente tanto el campo como la caza responsable, nos sitúa en una tesitura muy delicada dados los precedentes históricos. Por un lado, el mencionado partidismo y los intereses particulares de muchos de los principales dirigentes federativos de este país suponen que en un previsible escenario político donde los partidos tradicionales perderán la mayoría de apoyos electorales, la caza sea utilizada como arma arrojadiza contra las opciones políticas emergentes. De hecho, algunos reaccionarios ya van haciendo sus pinitos [9]. Como se mencionó anteriormente, no son hipótesis, sino hechos contrastados. Ya ocurrió con la famosa manifestación contra Cristina Narbona [10], donde la mayoría de cazadores que se manifestaron eran incapaces de describir qué supuestas amenazas contra la caza existían en esa ley. Aquella ley no se derogó, seguimos cazando con normalidad y (como era previsible) la amenaza no era en absoluto tal y como la pintaron. No obstante, que nadie se confunda; el PSOE, como cara amable del bipartidismo, poco o nada ha hecho por la caza y el campo español, así que no seremos nosotros quienes les defendamos. Sin embargo, aquella fue a todas luces una manifestación con intereses políticos, auspiciada por los grandes propietarios y con el apoyo de las Federaciones, que utilizaron el miedo (como hacen algunos políticos) y la pasión de los aficionados para movilizar a miles de personas contra aquel Gobierno. Afortunadamente, hubo dignas excepciones críticas como la de Juan Delibes, de casta le viene al galgo [11]. Conviene por tanto recordar que existen intereses económicos y políticos que sacan redito de que los cazadores nos sintamos amenazados por los ecologistas o determinadas opciones electorales; y consiguen que el verdadero conflicto (la desaparición de especies emblemáticas como la perdiz roja o la accesibilidad económica a la caza) pasen a un segundo plano [12]. Podríamos incluso encontrar paralelismos con los discursos más viscerales en contra y a favor de la independencia catalana; uno da votos en Madrid (PP) y otro da votos en Barcelona (CIU), pero en ambos lugares los problemas más graves de la gente pasan a un segundo plano. 

Los cazadores responsables que luchamos por un caza racional, la conservación del medio natural y el fomento de nuestras especies cinegéticas, debemos apostar por organizaciones venatorias democráticas que aglutinen nuestras voces y visibilicen la crudeza del fatídico momento que vive la caza menor en nuestro país. Si seguimos permitiendo que tomen sin permiso nuestra voz para ser utilizada con fines de dudosa ética, la defensa de la caza seguirá siendo utilizada contra nuestros propios intereses y en beneficio de unos pocos. Marcos Pedregal marcó la senda del camino con S.O.S. Salvemos la Perdiz Roja, y su franqueza y principios morales le valieron la animadversión y ninguneo de gran parte de la casta cinegética [13]. Aprendamos de los errores, y que la próxima iniciativa nos lleve a buen puerto. No hay otra alternativa.



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miércoles, 2 de julio de 2014

La burbuja cinegética


Si a un contratista de la madera le intentaran vender el aprovechamiento maderero de un descampado argumentándole que hace años hubo una magnífica masa de pinos, este le preguntaría al propietario del terreno si sufre demencia senil o algo por el estilo. Pues bien, esta paradoja ocurre en la actualidad con el arrendamiento de la caza. Cotos donde antaño hubo abundante caza menor y hoy no, pretenden ser arrendados por sus propietarios por el mismo precio que hace diez años. Más allá de los motivos del descenso de la caza menor, que son variados y no pocos (modificación del hábitat, agricultura intensiva, enfermedades, etc.), no es de recibo que se pague por un recurso natural un precio mucho mayor del que realmente cuesta. Si a esto le sumamos el actual proceso de empobrecimiento de la ciudadanía, es evidente que el acceso a un coto por parte de miles cazadores se ve cada día más comprometido.

En los últimos años la densidad de perdices, liebres o conejos se ha reducido en más de un 50% en millares de acotados de nuestra geografía. Si atendemos a una valorización real de los recursos cinegéticos, el arrendamiento de la caza en dichos cotos debería haberse reducido al menos en ese mismo porcentaje. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Pocos titulares cinegéticos han adaptado los precios de los arrendamientos a los nuevos niveles de sus recursos venatorios. Solo los más sensatos han negociado bajadas medianamente coherentes con las densidades de caza menor, pero en muchos casos la soberbia o ambición de numerosos propietarios ha llegado a dejar cotos desiertos. La cosa es sencilla, un coto privado se arrenda entre varios cazadores, si unos cuantos se niegan a pagar una cuota excesiva o no pueden asumirla, se abandona el coto por incapacidad de pago. Mucha gente esta cansada de pagar mil euros por cazar siete conejos en toda la temporada, y aún más gente está dejando de tener esos mil euros. A algunos propietarios se les olvida que los cazadores arrendamos, no hacemos obras de caridad.

Desgraciadamente esta actitud de intentar sacar leche del toro no solo se produce en la propiedad privada. La administración pública, en un empeño de sus actuales ocupantes de guiarse exclusivamente por criterios de rentabilidad, también viene sobrevalorando económicamente nuestros recursos cinegéticos sin apenas dedicar medios a su gestión. Un indicador de esta situación son las subastas de caza en terrenos públicos que en el último año quedaron desiertas debido al sobrecoste que suponían para las sociedades de cazadores [1]. En la misma línea, no han dudado en privatizar y sacar a concurso los arrendamientos cinegéticos de montes y fincas públicas, antes accesibles a cualquier ciudadano y ahora solo a determinados gestores privados o cazadores de alta capacidad adquisitiva. Ejemplos de este tipo son la privatización de los cotos sociales en Castilla la Mancha por parte de la Señora Cospedal [2] o la privatización de la caza en fincas emblemáticas del Estado como Lugar Nuevo y Selladores Contadero [3]. Si estos montes públicos se mantienen con los impuestos de todos, ¿por qué solo los puede cazar quien pague un puesto de 2.000 euros? ¿Es que no hay suficientes fincas privadas? Alguien debería explicarles que tanto la caza como los montes públicos cumplen una importante función social, aunque es obvio que esos términos son hoy ignorados y despreciados por la mayoría de nuestros gobernantes.

Como no podía ser de otra forma, la responsabilidad de esta situación es de los actuales mandatarios. En primer lugar, es responsabilidad de la administración pública favorecer que usos tradicionales del medio natural como la caza, que dan al monte un valor añadido y revitalizan el mundo rural, sean practicados en la medida de la posible. Sin embargo, en ningún caso se han preocupado de gestionar ni fomentar el uso racional de dicho recurso, sino exclusivamente de favorecer su rentabilidad económica como si fuera esta su única función. Por si fuera poco, las cuatro reformas que supuestamente hacen en amparo de la caza van encaminadas a favorecer al lobby de grandes propietarios y explotaciones cinegéticas intensivas. Consecuencia: los de siempre hacen negocio, los cazadores no vemos resueltos nuestros problemas y los ecologistas se tiran de los pelos.

Por otro lado, la administración arrastra un error histórico en relación a la caza, y es la escasa tecnificación de este recurso. ¿Como es posible que a día de hoy no se pueda hacer una valoración real de lo que vale la caza de un monte al igual que ocurre con la madera? En estas condiciones especular con el precio de la caza ha sido muy fácil, de ahí los abusos de los últimos años. Tristemente, la gestión de la caza por parte de las respectivas consejerías de medio ambiente se ha basado hasta hoy en poco más que llevar a cabo trámites administrativos, de forma que la práctica cinegética pudiera realizarse en condiciones de legalidad. Actualmente la mayor parte de los técnicos de las secciones de caza se dedican a expedir permisos, reeditar órdenes de vedas e intentar solucionar los conflictos que mayor urgencia reclaman. Sin embargo, entre sus labores no se encuentra la elaboración de censos de las principales especies cinegéticas, su seguimiento poblacional, la ordenación de su caza, así como la búsqueda de nuevas formulas de gestión. La causa de esta sinrazón es que la gran mayoría de gobiernos regionales no dotan de medios económicos ni humanos a las secciones de caza para que puedan llevar a cabo tales misiones, saturando a los técnicos con trámites administrativos que copan su jornada laboral. Por tanto, podría decirse que si la propia administración gestiona un recurso natural como si fuese una pandereta, como van los propietarios privados a ser coherentes en el arrendamiento y gestión de sus fincas. La caza no es un producto especulativo sino un recurso natural, y como tal debería gestionarse, valorarse y arrendarse. 



Curiosamente esta situación guarda múltiples semejanzas conceptuales con la burbuja inmobiliaria. En la caza encontramos intereses privados abusivos y la complicidad de gobernantes que actúan con un criterio similar o con intereses bastardos. El mundo al revés: pisos vacíos y gente sin pisos, y cotos vacíos y cazadores sin coto.  Lo de privatizar la caza en fincas públicas recuerda al famoso Banco Malo (Sicab), que en vez de dar en alquiler social a familias desahuciadas las viviendas de las cajas nacionalizadas, prefieren malvenderlas a fondos buitre [4]. Tiene lógica, la decisión es en ambos casos tomada por los mismos. En cualquier caso, el resultado es evidente, cada vez menos aficionados pueden permitirse económicamente practicar la caza, y como consecuencia el número de licencias cada año es menor [5]. Una vez más, cabe preguntarse por qué este grave problema no se encuentra entre las principales reivindicaciones de las organizaciones de cazadores o Federaciones, ¿Por qué no exigen que la administración gestione terrenos libres o cotos sociales a precios asequibles? ¿A qué tipo de cazador defienden? Evidentemente, pensarán que son más útiles esos pseudocongresos donde siempre hablan los mismos para la posterior foto y comilona.

Sin lugar a dudas necesitamos que los gobiernos autonómicos apuesten por cotos sociales accesibles al bolsillo de los cazadores, donde se dediquen medios para su gestión y vigilancia. Una gran mayoría de cazadores no quiere grandes perchas, solo poder tener un lugar donde cazar con su perro y disfrutar del campo entre amigos. Asimismo, necesitamos a una administración que apueste por la tecnificación de la caza, dotando de técnicos especializados y medios económicos a sus secciones de caza. Necesitamos que la caza se gestione como el recurso natural que es, y todo el conocimiento que mana de las universidades e investigaciones en materia cinegética se refleje en dicha gestión. Y por qué no decirlo, necesitamos administraciones con gobernantes diferentes que apuesten realmente por la gestión y conservación de nuestros recursos naturales; los de los últimos 35 años han demostrado más que sobradamente que les importan más otras cosas.


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miércoles, 19 de marzo de 2014

Papá, ¿donde cazamos este año?



La mayoría de los que sentimos pasión por la caza le debemos la chispa que prendió nuestra afición a nuestros mentores, casi siempre los padres. Junto a ellos aprendimos a desenvolvernos en el campo, pero sobre todo, que la paz residía en los montes y no en los centros comerciales. En esos primeros pasos de morralero intuías que eso de madrugar los domingos no sería un capricho más, siendo cada vez mayor el impulso que nos llevaba a acompañar a nuestros progenitores en sus andanzas cinegéticas. Con la llegada de la edad adulta uno se da cuenta de que tu padre no solo te enseñaba el campo y sus entresijos, sino que para hacerlo tenía que pagar importantes sumas de dinero. Los cartuchos, licencias o la acción el coto no caían del cielo, sino que eran fruto de su esfuerzo y trabajo. Hubo una época en la que no fue así, cuando nuestros padres eran jóvenes. Entonces bastaba con tener cartuchos y afición para cazar en cualquier lado, el campo era libre y cazarlo era accesible para la mayoría.

Hoy las cosas han cambiado y la sociedad se ha mercantilizado hasta límites insospechados. Cazar es muy caro, y el escenario de desempleo existente en nuestro país impide a miles de cazadores asumir los gastos que implican un coto, viajes, licencias, etc. La situación laboral de los jóvenes cazadores es aún peor; de hecho, la mayoría dependen económicamente de sus padres para seguir cazando. En los casos en los que el padre tampoco tiene trabajo (1,8 millones de familias en España en esta situación) [1] cazar es simple y llanamente imposible.

Todos los aficionados sabemos que la venatoria no es capricho de dos días, sino una pasión que para muchos roza la filosofía de vida. Intentemos imaginar la frustración del padre que no puede pagarse el coto, y peor aún, que no puede sufragar la afición de su hij@. En muchos casos el drama familiar es de tal envergadura (desahucios, malnutrición infantil, etc.), que hablar de caza resultaría hasta frívolo. En todo caso, ¿qué sentido cobra la vida cuando te arrebatan tus más fervientes pasiones? ¿Qué sentido cobra la vida cuando no te permiten cumplir tu rol de padre y poder cazar junto a tu hij@?

La invisibilidad que sufren este tipo de situaciones en revistas y webs cinegéticas resulta llamativa. Aún lo es más que mientras miles de aficionados no tiene dinero para cazar, las inquietudes de algunos iluminados sean que no se permite la caza en Parque Nacionales o no disponemos de licencia única. Esta omisión de los problemas reales de la gente (no solo ocurre en la caza) favorece que muchos padres sin recursos acaben culpabilizándose por no poder permitirse ni llevar a cazar a su hij@ al coto del pueblo. La realidad es que lejos de ser culpables, no son más que víctimas de un modelo político y económico en el que tener una vida digna ya es un artículo de lujo. 

No hablaremos de las soluciones que deberían tomarse para hacer la caza accesible a los más castigados por la crisis, lo cual daría para otro post. Un día como hoy, 19 de Marzo, preferimos dar nuestro más sincero apoyo a aquellos padres que esta temporada tengan que decirle a sus hijos: “este año no podemos ir de caza". Mucho ánimo.






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miércoles, 15 de enero de 2014

Datos y reflexiones sobre la hipotética restricción al paso en monterías



Hace apenas unas semanas se filtraron detalles del borrador de la futura Ley de Montes, suscitando especial polémica una supuesta restricción al paso de viandantes en los Montes Públicos durante la celebración de monterías [1]. Ayer mismo el Ministerio de Cañete desmintió esta información y negó limitación alguna en este sentido [2]. No obstante, algunas de las reacciones ante la posible prohibición transpiran que existe escasa información ciudadana alrededor de lo que son las monterías, concrétamente las que se celebran en Montes Públicos. Por ello, y con ánimo constructivo, se aportan algunos datos y reflexiones con objeto de aclarar en la medida de lo posible el panorama. 




1 – En primer lugar, es fundamental resaltar que las monterías solo se llevan a cabo una vez al año en cada “mancha”. Se define por mancha a la superficie de Monte, normalmente entre 200 y 500 hectáreas, en la que se lleva a cabo la batida. Los 364 días restantes no hubiera habido ningún tipo de restricción.


2 -  Cualquier gestor o técnico forestal sabe que los montes cumplen una o varias funciones prioritarias (aprovechamiento maderero, aprovechamientos cinegéticos o piscícolas, protección de biodiversidad, turismo, etc.). Aparte de los objetivos que definen la gestión de un monte se encuentran aquellos otros que, aunque secundarios, son compatibles con dicho modelo de gestión. Por ejemplo, la función prioritaria de los Montes de Valsaín, la cual condiciona su modelo de gestión, es la producción maderera. Sin embargo, dichos Montes ofrecen otros usos y funciones compatibles, como la protección ante la erosión, el aprovechamiento cinegético o el senderismo. No obstante, es frecuente que en función del monte y del tipo de aprovechamiento puedan surgir incompatibilidades de carácter circunstancial o de carácter permanente. Por ejemplo, cuando en Valsaín se estén llevando a cabo las cortas de árboles en determinados rodales, tanto el senderismo como la caza serían circunstancialmente incompatibles en dichas zonas; el primero por su peligrosidad, y la segunda por su fracaso asegurado. Existen más ejemplos. En las aéreas de cría del buitre negro del Valle de la Hiruela se restringe el paso durante el periodo reproductivo con objeto de que la cría se exitosa; algo también frecuente con nidos de águilas imperiales y cigüeña negra por toda nuestra geografía [6]. Otro caso típico ocurre cuando existe una repoblación o regenerado de arbolado tras una corta o incendio; entonces el ganado no puede circular por dichas zonas durante años, ya que se comerían los árboles jóvenes y la repoblación sería un fracaso. En algunas repoblaciones o regeneraciones sensibles también se restringe el paso a las personas, como es frecuente en las áreas costeras. Estas incompatibilidades son comunes y se enseñan en la Universidad, no es una cuestión de opinión.


3 – La caza es un aprovechamiento del monte como cualquier otro, por lo tanto, su práctica también está orientada al éxito de la actividad. Aunque el argumento de la seguridad es evidente, debe tenerse en cuenta que para que la montería se realice correctamente es fundamental que no haya trasiego de gente por el monte batido. De lo contrario se puede perjudicar directamente a personas que han puesto ilusión y expectativas en ese día. Debemos saber mirar lo público desde una visión colectiva, e independientemente de que ciertos usos nos gusten o no, la caza mayor es un aprovechamiento del monte legítimo y quienes la practican merecen respeto. Si el trasiego de gente implica riesgo para el éxito de la actividad y la seguridad de las personas, resulta sensato aceptar que debe evitarse dicha situación.


4 – La supuesta restricción al paso hubiera estado orientada a Montes Públicos. Es importante destacar que más de la mitad de la superficie forestal de España es de propiedad privada. Por lo tanto, los defensores de la libertad de tránsito por el monte deberían saber que la distribución de la propiedad de la tierra dentro de nuestras fronteras es, con mucho, el principal limitante para que podamos movernos por las sierras a nuestro antojo. Dicho esto, resulta lamentable que una recogida de firmas en contra de una supuesta restricción  circunstancial al paso recoja 90.000 firmas [3], mientras que una petición para que el Gobierno no venda La Almoraima, un monte público de 15.000 hectáreas en el Parque Natural de Los Alcornocales [4], apenas supere las 1.000 firmas [5]. Adivinen quien se va a pasear por La Almoraima cuando sea privada.


5 – Las monterías que se llevan a cabo en Montes Públicos están ligadas en la mayoría de los casos a sociedades de cazadores de pueblo, y suelen ser monterías humildes y sociales. En la caza social no hay negocio, ni vallas, ni éxitos asegurados; sino la ilusión y dedicación de muchas personas en que la batida salga bien. Los cazadores que representan el estereotipo del cazador rico (como su majestad el Rey Don Juan Carlos y su corte de amigos empresarios) no cazan en estos montes. Estos últimos cazan en fincas privadas de 2.000 hectáreas en la Sierra de Andújar o en los Montes de Toledo, en las que el paso siempre estuvo prohibido. La supuesta restricción ni les iba ni les venía.


6 -  Es importante aclarar que los cazadores también somos ciudadanos, con dos piernas y dos brazos. De hecho, somos much@s los que además de practicar la caza nos gusta hacer rutas, coger la bici o dar una vuelta a por níscalos. Por lo tanto, generalizaciones como: “Cañete favorece a los cazadores” claman al cielo. A los cazadores Cañete y su Gobierno también nos recorta derechos sociales, también nos privatiza la Sanidad y la Educación, y en última instancia sabemos que el campo les importa tres pares de narices. Pregúntenles a los cazadores en paro como piensan pagarse el coto de caza, licencia, seguro, gasolina y cartuchos el año que viene. En todo caso Cañete favorecerá a los grandes propietarios y a un sector privilegiado de la caza, ¿pero a los cazadores humildes? ¡Ni por asomo!


7 – Es indiscutible que una buena señalización de las monterías debería resultar más que suficiente para evitar que la gente se meta en una mancha que está siendo monteada. Las multas no solucionan lo que no es capaz de prevenir la información, más bien se ceba económicamente con los despistes y errores. Es corriente ver monterías en Montes Públicos que no están señalizadas; en estos casos existe más responsabilidad por la sociedad de cazadores que no ha señalizado que por quién se ha metido en la zona. Ahora bien, no son pocos los casos en los que ha aparecido gente en mitad de una mancha bien señalizada. La propuesta de una base de datos online de monterías hecha por la asociación RedMontañas no es descabellada [7], pero la información a pie de senda y caminos es más importante, ya que todavía hay quienes vamos al campo sin mirar antes internet.


8 – Por último, es cierto que las decisiones en materia de Medio Ambiente de un Ministro como Cañete causan recelo entre los sectores conservacionistas, y no les falta razón. Hablamos de un Gobierno que vendería nuestro campo al mejor postor sin dudarlo, de hecho ya lo hace [8, 9, 10]. También hay quien consideraba que detrás de esa hipotética restricción había una idea maquiavélica de favorecer a los cazadores. En este sentido no es descartable que intenten compensar con migajas y concesiones ridículas su inoperancia ante los verdaderos problemas del campo. En todo caso, los que practicamos la caza ni somos ni deseamos ser los malos de ninguna película, por tanto que cada cual saque sus propias conclusiones.


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