miércoles, 4 de diciembre de 2013

No es lo que dicen, es lo que hacen




Cualquiera que frecuente las redes sociales ha podido comprobar el fuerte revuelo causado por las desafortunadas declaraciones de Andrés Perelló, parlamentario europeo del PSOE. Aunque hubo posterior rectificación, el protagonista en cuestión propuso en el parlamento una restricción de la caza deportiva en la UE, lo cual es absolutamente disparatado. Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre algo así. Muchos recordarán el vídeo del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núnez Feijóo, arremetiendo contra la caza; declaraciones que, por cierto, ya se han encargado de eliminar de youtube [1]. En general, podría decirse que la negación de la caza que procesa parte de la ciudadanía, sea por posiciones morales o desconocimiento, también se ve reflejada en las declaraciones de sus representantes públicos. Aun así, la caza tiene un fuerte arraigo en nuestra sociedad, además de aportar importantes beneficios socioeconómicos, por lo que un planteamiento serio de su restricción es un suicidio político que hoy por hoy es impensable. 


Pues bien, lejos de sorprendernos este tipo de declaraciones contra la caza, lo que nos llama poderosamente la atención es la fuerte reacción a las declaraciones del señor Perelló mostrada por numerosos cazadores. Comentarios del tipo: “les va a votar rita” o “cuanto daño hacen a la caza declaraciones de este tipo” han sido muy frecuentes estos días. En la misma línea, la Federación castellanomanchega ha llegado a pedir la dimisión del parlamentario, la ONC su rectificación inmediata, y Jóvenes por la Caza afirmaron que era un complot orquestado por los ecologistas.

¿Y que es lo que nos sorprende de esta reacción? Pues que esos mismos que claman al cielo por las declaraciones del parlamentario no se escandalizaron mientras que el PSOE desarrollaba políticas que han favorecido el abandono rural y han barrido a perdices, codornices y tórtolas del campo agrícola español. Aunque esto pueda resultar una aclaración infantil, lo que afecta a la caza y la conservación del medio natural no son las declaraciones de los políticos a favor o en contra de la venatoria, sino las políticas que desarrollan sus partidos cuando gobiernan. No es que esté mal criticar afirmaciones como las de Perelló o las de Núñez Feijóo, ni mucho menos; pero identificar en ellas un grave ataque a la caza y no hacerlo en sus políticas ambientales resulta bastante incoherente e incluso ingenuo.

Si hacemos memoria del último periodo en el que el país fue gobernado por el PSOE, seguramente la mayoría de cazadores recordarán la figura de Cristina Narbona por ser estigmatizada como una peligrosa anticaza. Sin embargo, muy pocos podrían hacer un balance real de si las políticas desarrolladas por ese Ministerio fueron más o menos perjudiciales para el campo español que las de sus sucesores. A esto último habría que añadir que todo aquello beneficioso para la conservación del campo favorece sistemáticamente a la caza.

El contrapunto a esta situación lo dan otros políticos bastante más astutos o mejor asesorados que los anteriores. Destacan los casos de Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre, ya que ambas manifiestan su apoyo a la caza,   incluso llegando a practicarla [2,3]. Sin embargo, si atendemos a las políticas de sus gobiernos autonómicos podemos afirmar que la dedicación de recursos humanos y económicos a la gestión de la caza son irrisorios e incluso menores que en otras comunidades; es decir el asunto les importa un pimiento. Basta darse una vuelta por los cotos madrileños o toledanos para saber que la perdiz roja esta reduciéndose en gran parte de estas regiones a un ritmo vertiginoso. De nuevo conviene apuntar que esto sucede porque lo que en realidad afecta a las perdices nos son las afirmaciones del político, sino las políticas que desarrolla su partido cuando gobierna. Si seguimos analizando a ambas dirigentes políticas veremos que el Gobierno de Cospedal en Castilla la Mancha habla maravillas de la caza, pero en la práctica sirve caciquilmente al lobby de los regantes y sindicatos agrarios afines. Por este motivo nunca desarrollará prácticas agrícolas respetuosas con la fauna. Curiosamente los sindicatos agrarios no se conforman con declaraciones a favor de la agricultura, sino que exigen políticas concretas, y las consiguen. Esperanza Aguirre, también defensora de la caza, ha convertido la Comunidad de Madrid en un Scaltextric; con autovías, radiales y todo tipo de obra civil innecesaria. Para el que aún no lo sepa, las perdices y liebres llevan bastante mal que su hábitat se convierta en un polígono desierto, un campo de golf o lo atraviesen dos autovías. Pues mientras esta señora beneficiaba al lobby de las grandes constructoras destrozando centenares de cotos de la Comunidad de Madrid, no ha dudado en declarar que la caza es un aprovechamiento superbeneficioso y necesario [4]. Aguirre no perdió el tiempo afirmando que la construcción de autovías y campos de golf fuese buena, y así contentar a los sectores empresariales interesados, sino que llevó a cabo políticas que les beneficiaban y punto [5].

La necesidad de autoafirmarnos como cazadores denota en ocasiones una falta de análisis a la hora de identificar cuales son nuestros verdaderos problemas y necesidades, y más concretamente los de la caza menor. Montar un circo por unas declaraciones contra la caza puede hacernos sentir los mayores defensores de nuestra actividad, pero si no reflexionamos en profundidad no seremos más que un colectivo crédulo y altamente manipulable.

Finalmente, ahora que tanto se habla del que el campo está envenenado por la agricultura intensiva, cabe preguntarse porque los Gobiernos del bipartidismo (PSOE-PP) lejos de apostar por una agricultura sostenible, se han dedicado a fomentar los regadíos y a no mover un dedo por aplicar prácticas agrícolas respetuosas con la fauna. Podrían haberlo hecho, ya que hay estudios y propuestas concretas [6, 7, 8]. Sin embargo, no lo hacen por el rédito electoral y caciquil de servir al lobby de los regantes y sindicatos agrarios. Solicitar a los políticos que hagan cosas por la caza menor sin exigirles cambios concretos en sus políticas hacia la agricultura y ganadería es un absurdo que roza el cinismo más exacerbado. El futuro de la fauna cinegética solo es posible bajo una agricultura respetuosa, por lo que los dirigentes que se nieguen a desarrollar políticas en esta línea son cómplices de la desaparición de la caza menor; independientemente de lo que digan públicamente o su afinidad personal hacia la caza.

Insistimos, lo que afecta al futuro de la perdiz roja y la caza menor en general no son las afirmaciones del político sino las políticas concretas que desarrolle su partido. Por lo tanto, más nos vale dejar de mirarnos el ombligo e ir a la raíz del problema, porque a este paso la desaparición de la caza menor llegará mucho antes que la prohibición de su aprovechamiento.




Nota final:

Animamos a la ONC y Jóvenes por la Caza a complementar el montaje hecho con Andrés Perelló, incluyendo a Arias Cañete. Aquí dejamos una propuesta:








jueves, 7 de noviembre de 2013

Los zorzales de nuestros hijos


Ya es un secreto a voces que la llegada de zorzales a nuestro territorio poco tiene que ver con la que numéricamente se venía dando años atrás. Actualmente no se conoce ningún estudio que muestre que causas actúan para que poco a poco se vayan viendo menos pájaros. De hecho, los datos aportados por SEO/Birdlife en el programa de seguimiento de aves invernales Sacin no son aún de gran utilidad, ya que se vienen registrando desde 2008 [1]. Además, sus muestreos son llevados a cabo por voluntarios y no desarrollan una metodología específica, algo necesario en una especie con una movilidad invernal tan compleja como la del zorzal [principalmente zorzal común (Turdus philomelos) y zorzal alirrojo (Turdus iliacus)].

No obstante, hay una cosa muy clara, la presión cinegética sobre los zorzales se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. Esta pequeña ave ha pasado de ser una especie que no merecía ni un cartucho para la mayoría de cazadores, a convertirse en una de las piezas más codiciadas de la menor. La decadencia de la perdiz roja, y de la caza menor en general, ha empujado a muchos aficionados a redirigir su pasión hacia este túrdido. Sin embargo, no parece que el mencionado descenso haya llevado aún la preocupación a nuestros círculos cinegéticos; prevaleciendo el entusiasmo ante una temporada que se abre o los análisis locales de la situación (“en mi pueblo se siguen cazando muchos”).

Resulta curioso como a falta de estudios científicos, cosa que tienden a hacer los países avanzados, la opinión se eleva como argumentario de la actual situación. Así, en foros y artículos de opinión pueden leerse verdaderos disparates de la talla de: “ponen redes en el mar y los atrapan por miles”, “ya no hace frío en Europa y no bajan” o “los pájaros se acuerdan en que lugares los tiraron el año pasado y se van a otro sitio”. Pero más allá de los bienintencionados análisis que algunos aficionados al zorzal puedan hacer, hay una cuestión fundamental: ¿se puede gestionar igual el aprovechamiento cinegético de una especie cuando la cazan 10.000 escopetas que cuando lo hacen 100.000? Aunque la cifra es una mera estimación improvisada, la respuesta es NO. Para ser consciente de lo que implica la afirmación anterior habría que redefinir correctamente el prostituido término gestión. La gestión de la caza del zorzal no consiste en colocar los puestos en los lugares de paso, ni tampoco en ampliar la temporada para poder disfrutar de unas cuantas jornadas de caza más. Resulta que gestionar un recurso cinegético, como lo es el zorzal, implica hacer un inventario metodológicamente serio para, en función de la población que acude anualmente a nuestro territorio, decidir cuantos podemos cazar cada temporada. Esto de la gestión no es algo caprichoso, sino que permite asegurar en el tiempo la salud de la población, y por lo tanto, la continuidad de su caza. También conviene saber que el criterio que define cuantos deben cazarse no puede basarse ni en nuestra opinión, ni en la de los responsables de caza de las correspondientes autonomías; sino que debería regirse a los estudios llevados a cabo por técnicos e investigadores especializados en la materia.




La dinámica en la que estamos inmersos hoy en día, que parte de la ausencia de gestión, conlleva que sigamos cazando el zorzal como si nada pasara. De esta forma adoptamos el cómodo discurso de que las migratorias no son solo cosa nuestra, que los cupos son para los tontos, y que si el vecino la hace pues yo también, faltaría más. También seguiremos mirando para otro lado con la expansión de los reclamos electrónicos, donde la belleza del reclamo artesanal queda eclipsada por los que compensan con tecnología ilegal su mediocridad como cazadores y como ciudadanos. Por supuesto que tampoco tendremos en cuenta los miles de zorzales que cada año caen en ballestas en numerosos pueblos de nuestra geografía; y no con la inocencia del paisano que quiere hacerse un arroz, lo cual es comprensible, sino con la intensidad del que hace carne para vender a bares y otros interesados. Tampoco se nos ocurrirá cuestionar los negocietes fáciles de las tiradas organizadas, donde el billete manda y los cupos no tienen validez. Ya saben, “la caza como generadora de riqueza” [2], ¿pero a costa de que?

El final es previsible. Dentro de unos años llegará un annus horribilis del zorzal en el que todos nos echaremos las manos a la cabeza. Entonces algunos se aventuraran a decir que ya no hace el frío de antes y los pájaros se quedan en Rusia, ¿les suena? Otros dirán que han cambiado sus querencias radicalmente, que ahora entran por Portugal y viven escondidos en los huecos de los olivos, por eso no los vemos. Los más ortodoxos volcarán sus críticas contra los ecologistas y escribirán sobre la obsesión de estos contra la caza del zorzal. Y al cabo de unos años es probable que se acabe hablando de moratoria y nos situemos en el punto en el que ahora nos encontramos con la tórtola común.

A nosotros nos gusta más otro final. Aquel en el que la administración dedica recursos a la gestión de la especie, y no abre la temporada como si estuviéramos en 1989. Un futuro en el que se contratan más técnicos y se dedica más presupuesto a las secciones de caza y pesca autonómicas. Un futuro en el que se apuesta por la investigación científica y no por la opinión, utilizando los impuestos de los ciudadanos para financiar centros de investigación cinegética [3] [4] y no para privilegiar a bancos y grandes empresas [5]. Entonces las federaciones de caza reclamarían con vehemencia lo anterior, además de contención y responsabilidad a sus federados. En resumen, un movimiento que apostaría por una caza racional y tecnificada que nos alejase de la deriva en la que estamos inmersos. De esta forma nuestros hijos disfrutarían de una de las más bellas modalidades de caza, y nunca tendríamos que decirles mirándoles a los ojos que una sociedad irresponsable e individualista les privó de tan maravillosa experiencia, la caza del zorzal.




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